Subsecretaría de Telecomunicaciones

 
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3 de Agosto de 2026
Subsecretaría de Telecomunicaciones ordena cobro íntegro de garantías a WOM por incumplimientos en Fibra Óptica Nacional (FON)

  • La decisión se sustenta en una exhaustiva fiscalización técnica que detectó disponibilidades inferiores al mínimo exigido, problemas en la operación y gestión de fallas, una metodología de cálculo distinta de la aprobada e inconsistencias en la información entregada por la empresa.
  • La revisión también detectó información incompleta e inconsistencias que dificultaron comprobar oportunamente el estado real de la infraestructura.
  • Subtel refuerza que se trata de una infraestructura estratégica, subsidiada con recursos públicos, destinada a conectar a más de 800 mil personas. Por ello, debe mantenerse operativa y cumplir durante todo el período comprometido sus obligaciones y el objetivo para el cual fue construida.

Santiago, 3 de agosto de 2026.- La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó el cobro íntegro de las garantías presentadas por WOM S.A. en el proyecto Fibra Óptica Nacional, por un total de UF 316.410,15 tras detectar incumplimientos graves, persistentes y transversales en las macrozonas Arica y Parinacota, Norte, Centro Norte, Centro y Centro Sur.

La decisión se funda en las bases del concurso y en antecedentes técnicos que dan cuenta de incumplimientos en la disponibilidad del servicio, en la metodología de cálculo de la disponibilidad anual del servicio comprometida, en la gestión y trazabilidad de incidencias, y en la entrega de información exigida para la supervisión del proyecto.

Resultados bajo el mínimo exigido

La Fibra Óptica Nacional es una red troncal impulsada con un subsidio estatal de más de $80 mil millones (cerca de US$86 millones) en total, que busca reducir la brecha digital y fortalecer la conectividad entre Arica y Parinacota y Los Lagos.

WOM se adjudicó las Macrozonas Arica y Parinacota, Norte, Centro Norte, Centro y Centro Sur, con un subsidio estatal superior a $52 mil millones (cerca de US$55 millones). A cambio debía operar y mantener la infraestructura en las condiciones comprometidas y asegurar que estuviera disponible, como mínimo, durante el 98% del año en cada macrozona.

Sin embargo, incluso utilizando los datos entregados por la propia empresa, ninguna de las cinco macrozonas alcanzó ese nivel mínimo de funcionamiento. Así, de acuerdo con la información analizada por la autoridad, los resultados reportados fueron de 72,94% en Arica y Parinacota; 78,39% en Norte; 90,32% y 93,54% en Centro Norte; 95,76% en Centro; y 91,55% y 92,15% en Centro Sur, todos por debajo del mínimo exigido por las bases de licitación.

La decisión se adoptó en un contexto de degradación masiva de la red detectada por el monitoreo de Subtel. La autoridad constató la caída de 38 nodos de acceso y distribución en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Maule, con pérdida total de gestión y alarmas críticas de comunicación sostenida.

Cabe resaltar que el cobro no pone fin a las obligaciones de WOM, de operar, mantener, reparar y normalizar la infraestructura. La empresa deberá continuar cumpliendo todas sus obligaciones y entregar nuevas garantías dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución.

Problemas de operación

Cabe destacar que Subtel detectó que la empresa aplicó una forma de cálculo distinta de la comprometida y aprobada para el proyecto.

La revisión concluyó que la fórmula utilizada por WOM incorporaba elementos adicionales que reducían el peso de los tiempos de falla en el resultado final. Esta fórmula mostraba porcentajes de disponibilidad superiores a los que se habrían obtenido aplicando la metodología aprobada por Subtel.

Junto con ello, la revisión técnica detectó deficiencias relevantes en la supervisión oportuna de los servicios, así como la gestión, notificación, seguimiento, trazabilidad y cierre de incidencias.

Además, la revisión no permitió acreditar la entrega de los reportes financieros anuales exigidos por las bases para las cinco macrozonas, antecedentes considerados necesarios para el seguimiento y fiscalización del proyecto.

Visión de la autoridad

“El gobierno del Presidente José Antonio Kast nos ha mandatado a fortalecer la conectividad a lo largo de todo Chile, junto con reforzar la fiscalización, ordenar la gestión pública y asegurar un uso disciplinado de los recursos del Estado. En esa línea, desde Subtel hemos intensificado la supervisión de los proyectos de conectividad financiados con fondos públicos, porque no puede haber espacio para incumplimientos en infraestructura estratégica para el país”, señaló la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido.

La autoridad agregó que “la Fibra Óptica Nacional es una carretera digital construida con un subsidio estatal de US$55 millones. El Estado no puede permitir que una infraestructura de esta magnitud esté degradada, indisponible o no cumpla plenamente su objetivo de conectar a miles de personas, ampliar la competencia y mejorar el servicio a lo largo de Chile. Este esfuerzo público tiene una meta concreta: conectar a más de 800 mil personas”.

Además, Romina Garrido indicó que “las empresas que participan y se adjudican estas inversiones deben contar con las capacidades técnicas, operacionales y financieras para mantener las redes en las condiciones comprometidas durante toda su vida útil y no únicamente al momento de su puesta en servicio. El Estado tiene el deber de resguardar el correcto uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los concesionarios. Hacer la vista gorda frente a incumplimientos en proyectos de esta envergadura no solo debilita la institucionalidad, sino que también genera una señal equivocada para el mercado”.

Finalmente, la autoridad de Subtel comenta que “la certeza regulatoria exige que las reglas se apliquen de manera objetiva y uniforme. Ello protege la confianza en los procesos concursales, resguarda la continuidad y calidad de los servicios para la ciudadanía, junto con asegurar condiciones de competencia equitativas entre todos los operadores que cumplen sus compromisos”.