Subsecretaría de Telecomunicaciones

 
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23 de Diciembre de 2019
Gobierno anuncia nuevo estándar de medición de velocidad de Internet

  • Reglamento que ya se ingresó a Contraloría busca que la velocidad contratada se acerque a la velocidad real que reciben los usuarios, fijando porcentajes mínimos de cumplimiento.
  • Usuarios dispondrán de herramientas para medir su velocidad, la que será proporcionada por las empresas, pero certificada técnicamente de forma independiente.

SANTIAGO, 23 DE DICIEMBRE DE 2019.-

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), ingresó a la Contraloría General de la República el Reglamento de la Ley de Velocidad Mínima Garantizada de Acceso a Internet, dando así un paso significativo en la defensa de los derechos digitales de todos los usuarios de Chile.

Este reglamento y su futura normativa técnica permitirán que el usuario pueda conocer la velocidad promedio de su conexión a Internet para así poder contrastarla con la promesa de la oferta comercial y del contrato con su operador, atacando de esta forma uno de los principales malestares de los usuarios de banda ancha, quienes muchas veces reclaman que no reciben la velocidad contratada. Lo anterior, se logrará mediante mediciones oficiales y claras de las conexiones tanto fijas como móviles, las cuales serán conducentes a reclamar ante SUBTEL en caso que no se esté cumpliendo con lo prometido y la empresa no adopte previamente las medidas restitutorias, reparatorias o compensatorias que correspondan.

De esta manera, los mismos usuarios tendrán a su disposición una aplicación que permitirá medir la velocidad de su conexión individual, la cual ejecutará una serie de mediciones de forma automática, cuyo resultado se traducirá en un reporte final que le llegará simultáneamente  al consumidor y al operador.

Asimismo, se establece en el reglamento la creación de un Organismo Técnico Independiente (OTI), que será encargado de realizar mediciones periódicas que permitan verificar la calidad del servicio comprometido por las empresas a sus usuarios en general. En esta línea, la información que levante este organismo será clave para realizar estadísticas semestrales y ránkings de calidad de los servicios entre los diferentes operadores, de manera que los usuarios posean mayor información sobre los estándares de calidad a la hora de contratar un plan de banda ancha.

“Después de un arduo trabajo técnico hoy podemos anunciar que el Reglamento de la Ley de Velocidad Mínima Garantizada de Acceso a Internet ya ha ingresado a Contraloría. Con esto elevamos el estándar de medición existente en el país, y también buscamos que los usuarios puedan acceder a Internet teniendo de antemano reglas claras, mayor información sobre los servicios contratados, y con una mejor calidad de servicio. Con esta medida, una vez más el sector de telecomunicaciones se pone a la vanguardia en la búsqueda de mejoras en los servicios que se entregan a los usuarios”, señaló la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

Por su parte, la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, afirmó que “este reglamento entrega una herramienta más eficaz para que los usuarios puedan hacer valer sus derechos sobre los servicios digitales que contratan. De igual forma, esta figura del Organismo Técnico Independiente inyecta más transparencia al sector, tal como lo hizo en su momento la creación del Organismo Administrador de la Portabilidad Numérica”.

La Subsecretaria Gidi agregó que “en caso que los usuarios escalen sus quejas a SUBTEL, como institución contamos con diversos canales para que los usuarios puedan realizar sus reclamos en cuanto a los distintos servicios contratados. De hecho, de acuerdo a la información del Departamento de Gestión de Reclamos a octubre de este año, ocho de cada diez reclamos que llegan a SUBTEL se resuelven a favor del usuario”.

Participación ciudadana

Desde el 20 Marzo de 2019 hasta el 8 Abril de 2019, SUBTEL realizó una consulta pública, la cual permitió contar con la participación y la contribución de todos los actores que tuvieron interés en opinar sobre la materia tales como ciudadanos, empresas y la academia. Esto tuvo como finalidad recopilar información relevante cuyo análisis permitiera desarrollar los aspectos técnicos, económicos, sociales y jurídicos de las normativas encomendadas.