Subsecretaría de Telecomunicaciones

 
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5 de Agosto de 2009
Política de Telecomunicaciones

El Gobierno ha definido como objetivo prioritario lograr el acceso pleno de las chilenas y chilenos a las nuevas oportunidades de comunicación e intercambio, y con ello el acceso al conocimiento y la cultura, a la interacción académica, a una mayor libertad de expresión y participación, a disponer de formas más eficientes de producción, a acceder a mercados distantes y a facilitar el encadenamiento productivo.

Las telecomunicaciones tienen un rol central en la transformación productiva de la economía nacional, en facilitar el encadenamiento productivo y lograr avances en eficiencia y competitividad. Por ello, es indispensable avanzar sustancialmente en cerrar la brecha digital, tanto en lo referido a la cobertura territorial de los servicios, la calidad de las prestaciones y lograr la consolidación de la competencia a nivel industrial.

El Gobierno está ejecutando la política sectorial sobre la base de tres ejes fundamentales:

a. Obtener mayores niveles de igualdad en el acceso a los servicios avanzados de telecomunicaciones, favoreciendo la equidad. Esto implica masificar el acceso a las redes y servicios mediante la implementación de una política de acceso universal.

b. Incentivar a los mercados de telecomunicaciones para que alcancen el máximo desarrollo, estimulando la competitividad del país.

c. Velar en todo momento porque los derechos de los ciudadanos, sea en su calidad de tales o como consumidores de servicios de telecomunicaciones, se respeten y estén en el centro del funcionamiento de la industria, favoreciendo con ello la protección social.

La política sectorial se despliega en un determinado contexto tecnológico y de mercado, por lo que naturalmente tiene un componente dinámico. En lo central, se procura que el mercado pueda desplegarse hacia su máximo potencial competitivo, procurando evitar la introducción de distorsiones, mientras complementariamente el Estado introduce los incentivos económicos (por la vía de subsidios) para la extensión de la cobertura hacia sectores de menor rentabilidad privada.

El Gobierno ha definido como instrumento central la consolidación de un modelo de competencia entre redes que se sustenta en la convergencia tecnológica. El disponer de diversos operadores, con capacidad de ofrecer servicios en toda la gama de prestaciones que el mercado demanda, con la mayor superposición de redes constituye el objetivo último de lo anterior. El desarrollo tecnológico, especialmente sustentado en la posibilidad de ofrecer servicios competitivos sobre redes diversas (cobre, cable coaxial, tecnologías inalámbricas) y la consolidación del empaquetamiento como forma de provisión de los servicios, ha derivado en el incremento de la competencia sectorial con un potencial futuro importante en ese sentido.

El modelo de regulación sectorial que se procura consolidar requiere que los distintos operadores puedan tener la posibilidad real de ofrecer toda la gama de prestaciones, en los distintos mercados geográficos. En ese sentido, estamos transitando desde una lógica en la cuál los mercados estaban definidos y segmentados por la prestación de servicios rígidamente definidos, hacia un único mercado de conectividad y servicios convergentes provistos a partir de dicha condición.

Es en dicho contexto, para la consolidación del modelo regulatorio, que esta consultante considera necesario el poder incorporar criterios de competencia en los concursos de espectro radioeléctrico.

Las tecnologías inalámbricas tienen el potencial de romper las economías de escala propias de las redes tradicionales. En lo referido a los servicios de voz, claramente la telefonía móvil ha logrado ser competitiva y en los últimos 10 años ha cambiado completamente dicho mercado. En lo referido al acceso a Internet, la evolución tecnológica de WiMax y LTE marca el camino de su potencial para ofrecer crecientes capacidades. El surgimiento de servicios que se proveen sobre dicha conectividad abre espacios para nuevos modelos competitivos, como la voz y televisión sobre Internet.

El Gobierno tiene la convicción que es posible consolidar dicho modelo a través de los futuros concursos de espectro radioeléctrico y las regulaciones apropiadas que permitan la prestación de servicios en forma competitiva, incluyendo a las prestaciones sobre Internet.

La velocidad del cambio requiere flexibilidad regulatoria. En ese sentido es necesario introducir perfeccionamientos regulatorios que permitan aprovechar plenamente el potencial de la convergencia. La portabilidad del número va en esa dirección, lo mismo que la modificación del régimen concesional, cambios que esperamos puedan ser abordados en el Congreso Nacional en los próximos meses. Esa misma flexibilidad debe permitir la generación de ofertas que permitan facilitar la inclusión digital, sin que ello se vea restringido por la incertidumbre regulatoria o por restricciones tarifarias.

Complementariamente a lo anterior, la política de este Gobierno considera la implementación de concursos a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones para la extensión de las redes a zonas rurales. Para ello se han destinado más de 100 millones de dólares que permitirán incorporar a 1.400 localidades rurales a disponer de oferta de Internet y telefonía. Es, sin duda, el mayor esfuerzo económico que el Estado ha realizado en este ámbito en su historia.

Lograr una mayor equidad en el acceso a los servicios de telecomunicaciones es fundamental para generar igualdad de oportunidades. Mientras la telefonía móvil ha logrado romper las diferencias de ingreso para alcanzar altos niveles de penetración en los sectores de menores ingresos, el desafío está centrado en lograr una mayor equidad en lo referido al acceso a Internet. En ese sentido es necesario facilitar que las empresas puedan ofrecer productos especiales para segmentos sociales o geográficos particulares.

Finalmente, la política sectorial considera incrementar la protección a los consumidores, lo que sin duda está íntimamente ligado con los niveles de competencia. Introducir mayor competencia por calidad de servicio y atención a público, a través de indicadores y rankings es un aspecto central en este sentido, al mismo tiempo que perfeccionar los sistemas de reclamación de los consumidores. Por cierto, la tarea del Gobierno en este ámbito se focaliza en los sectores de menores ingresos. Lo fundamental es que los consumidores dispongan de información adecuada y opciones para elegir a su proveedor.

En definitiva, la política sectorial descansa fundamentalmente en la consolidación del modelo de competencia, sustentado en el despliegue de redes convergentes con diversas opciones tecnológicas, en el desarrollo de inversiones para la extensión de la infraestructura digital y la incorporación de nuevas tecnologías y en la flexibilidad regulatoria que permita la generación de soluciones para distintos tipos de consumidores. Lo anterior complementado por un rol activo del Estado en materia de acceso a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.